Mito, triquiñuelas y control en la empresas del Chile democrático

El país exitoso y tan bien evaluado por el neoliberalismo internacional, por sus índices de crecimiento y su política macroeconómica. Que progresa y se moderniza bajo la conducción de la Concertación y las estrategias empresariales de mercado, presenta en el plano laboral como paradoja un cuadro de bajos ingresos cuyas variaciones en el tiempo, contrastan con los niveles de concentración de riqueza acuñados por los grupos económicos que controlan las industrias de mayor volumen y el sector financiero.

por Gregorio Angelcos Esta contradicción tiene su origen en el añejo plan laboral elaborado durante los años de dictadura por el ministro José Piñera (hermano y cómplice del presidenciable Sebastián Piñera). Se trata de un conjunto de normas pensadas para debilitar a las organizaciones sindicales fijándoles un marco restrictivo a su acción. De esta manera se condicionaron el derecho a la huelga, se establecieron criterios asimétricos en los procesos de negociación colectiva, y se disminuyeron considerablemente, los derechos laborales del trabajador. Las empresas por su parte han creado procedimientos administrativos internos que limitan aún más la capacidad de los sindicatos y gremios para mantener los equilibrios básicos a la hora de negociar un tratamiento salarial más holgado, y de paso, disminuir las medidas de protección frente a las decisiones unilaterales de las empresas en lo referente a despidos, suspensiones, o reemplazo de un funcionario por otro, sin que el afectado disponga de un respaldo jurídico y una organización sindical sólida que represente sus intereses. Por esta razón, la denominada “flexibilidad laboral” argumentada por los empresarios como una “herramienta para aumentar el empleo”, se instala como otro elemento destinado a fortalecer la exclusión y la explotación en el mundo del trabajo. La “flexibilidad laboral” potencia la inestabilidad del trabajador privilegiando los intereses de los empresarios para continuar por la senda antidemocrática de concentrar la riqueza. Con esta “herramienta” otorgada en complicidad por el gobierno y el poder legislativo se podrá despedir y sustituir con gran facilidad a un trabajador, simplemente contratando mano de obra temporal por una determinada cantidad de horas que serán valoradas subjetivamente por el propio empleador. Así, la incorporación de trabajadores bajo esta modalidad, permitirá a los patrones valerse de este mecanismo como un recurso en su beneficio al momento de fijar la política salarial de una determinada empresa. Un trabajador de contrato fijo o de planta con una determinada remuneración, deberá asumir la incorporación de otro trabajador a contrata o con boleta de honorarios por una cantidad de horas inferiores a la jornada laboral establecida por ley. Si ambos desempeñan el mismo rol en el proceso productivo, es obvio, que el segundo será contratado por menos ingresos que el primero. De esta manera, y dado los índices de cesantía que se mantienen relativamente estables en el país, la eventual legislación para imponer un régimen laboral con “flexibilidad laboral” incluida contribuye a disminuir en forma creciente, los recechos e ingresos de los trabajadores. Es necesario agregar que, la política salarial en Chile es una de las más bajas del continente, sin embargo, los mecanismos de control y regulación estatal de los espacios laborales se escapan frecuentemente de su acción, distanciándose cada vez más, pues la ideologización de la idea de descentralizar para radicar el manejo de la soberanía económica en los grupos financieros, hacen que gran parte de los conflictos que se dan en el ámbito del trabajo, ya no sean del ámbito de competencia del gobierno de turno. Es un problema estructural legalizado y legitimado por el poder económico y político en clara concomitancia, y en desmedro de la enorme masa laboral que mueve la vida económica del país. Por esta razón, la posible acción del gobierno se ve impedida formalmente de ejercer su autoridad en un contexto económico que consolidó su autonomía para preservar las inequidades, y por tanto, la valoración monetaria del trabajo humano es determinada por la decisión y la voluntad de quien contrata un servicio determinado, en este caso, el patrón. Lo básico que resuelve el Estado es la fijación del sueldo mínimo, cuyo valor actual es de $120.000 mensuales. No sin antes, consultar con los trabajadores, pero principalmente con los gremios empresariales, quienes tienen la última palabra. Misérrimos $120.000 que incluso no se cancelan en muchos lugares de trabajo como supermercados, tiendas en los mall, servicios gastronómicos, labores agrícolas, entre muchos lugares de trabajo, pues el monto del salario está incluso por debajo del valor señalado. Existe entre la opinión pública, el juicio de que en el sector privado, los ingresos son superiores en promedio a los del sector público. En conversaciones con obreros, empleados, funcionarios y profesionales que trabajan en el aparato del Estado, los municipios y empresas que desarrollan diversas funciones en el mercado, comprobamos que los primeros tienen estatutos administrativos más flexibles, con evaluaciones de su desempeño laboral hecho por los departamentos de recursos humanos en forma compartida por los funcionarios electos por los propios trabajadores, y que ganan y gozan de una estabilidad bastante más razonable que en numerosas empresas del sector privado. Al analizar este tema centramos la observación en la gran masa laboral que es la que en definitiva debe preocupar esencialmente a una verdadera propuesta socialista. Sólo tres ejemplos para graficar el fundamento del texto: un(a) empleado(a) que se desempeña como cajero(a) en un supermercado tiene un ingreso promedio de $120.000 mensuales, en la misma función de recaudar dineros en una caja municipal o de alguna repartición del Estado que realiza cobranzas, el promedio del salario alcanza a los $280.000 de promedio mensual. Una secretaria común de una empresa del sector privado recibe un salario promedio de $150.000 mensuales, en cambio, en el aparato del Estado está por sobre los $200.000 mensuales. Finalmente, un arquitecto de una empresa constructora tiene un promedio de ingresos de $600.000 al mes, mientras que en el aparato del Estado está por sobre los $700.000 mensuales. Y así se reproduce el cuadro en un numeroso conjunto de actividades productivas y de servicios en el país. Por tanto, mantener el volumen del Estado permite garantizar un amplio espectro de empleos con salarios bastante más dignos que en el sector privado, derrumbando de paso el mito de mejores ingresos donde opera el capitalismo libre de trabas para perpetuar el modelo explotador. De aquí, el interés de las empresas extranjeras por invertir capitales en Chile. El país a través de sus políticas económicas y la legislación del sector les garantizan una inversión con una baja carga tributaria, y de paso, con salarios miserables y leyes laborales que protegen sus intereses en el marco de cualquier conflicto. Mientras tanto, nuestros trabajadores deben aceptar resignadamente un tratamiento salarial que constriñe su consumo a los productos más básicos y esenciales para subsistir. De esta forma, el país que labora cotidianamente es gobernado en sus necesidades inmediatas por los grupos económicos de manera discrecional, mientras que las autoridades del Estado permanecen indiferentes o simplemente comparten las lógicas que impone el modelo neoliberal en el país. La observación en abstracto que hacen los técnicos del gobierno o las comisiones especializadas del Congreso Nacional sobre estos temas son condescendientes, señalando que el crecimiento económico en forma mecánica generaría una mejor distribución del ingreso. Obviamente, una falacia compartida por todos aquellos que desde el punto de vista de sus ingresos individuales están satisfechos en sus necesidades inmediatas. Pertenecientes la mayoría de ellos a las categorías acomodadas de la sociedad, administran o legislan con una óptica superestructural, carentes de una sensibilidad adecuada al conjunto de necesidades no satisfechas con las que viven la mayoría de los trabajadores chilenos. Una cosa es lo que señala el discurso público, y otra, muy diferente es la realidad que viven los asalariados en sus espacios laborales. El Chile político es complaciente con el Chile económico, es complaciente con los inversionistas nacionales y extranjeros, y es arbitrario con el país que vende su fuerza de trabajo. El presidente Ricardo Lagos no tuvo la capacidad de disminuir la brecha entre ricos y pobres; es de esperar que el futuro gobierno tenga el valor de ponerse la “roja de todos” e intente alcanzar mayores niveles de equidad, aunque el panorama parece sombrío. No hay claridad respecto de como abordar el tema, pues el nivel de consolidación que ha alcanzado el poder fáctico de los empresarios hace que este objetivo clave no se encuentre “a la vuelta de la esquina”. Sólo la capacidad de lucha y de organización de los trabajadores, la conciencia colectiva del pueblo-país podría reaccionar significativamente frente a este cuadro de injusticia social. Lavin y Piñera son más de lo mismo, ¿Bachelet, Hirch?; la opinión pública tiene su propia respuesta.